Los tontos que pagan por trabajar

Permítanme empezar contándoles un episodio anecdótico que me ha ocurrido recientemente. He escrito anecdótico, pero volveré a retomar el asunto antes de acabar este relato y, quizá, ustedes encuentren sus propios adjetivos.

En las últimas semanas he asistido a dos entrevistas de trabajo, una telefónica y otra presencial. La primera, me la hizo una academia para dar clases de ELE (Español Lengua Extranjera); la segunda, una agencia de contratación externa al aeropuerto, aunque al parecer concertada con él.

Mi trabajo hubiera sido el de una azafata de tierra en el Aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez. Las dos entrevistas terminaron de la misma forma: cuando me informaron sobre el curso que debía realizar previamente para acceder al puesto de trabajo, su duración de seis meses y el coste a abonar por mi parte, no  diré la cantidad por no escandalizar: “¿Perdón? ¿Un curso de Español Lengua Extranjera? Tengo un máster de doctorado por la Universidad Complutense de Madrid con la nota de sobresaliente en la tesis, donde se acredita, además, mi labor como examinadora del DELE (Diploma de Español Lengua Extranjera) a estudiantes extranjeros, junto el certificado de mis prácticas en la misma universidad...”.

Ojalá hubiera llegado a decirlo todo, cuando iba por aquí, me interrumpió: “Ya, pues es que aquí formamos a nuestros profesores para asegurarnos de la calidad en la formación que van a recibir sus futuros alumnos”. Visto que no querían ofrecerme un trabajo, sino vendérmelo, decidí cambiar los roles, tratar a mis entrevistadoras como si fuera yo la encargada de seleccionarlas a ellas: “Hemos acabado la entrevista. Gracias por su tiempo. Estudiaré esta propuesta y la llamaré de estar interesada en este trabajo”.

Pagar por trabajar es el último descubrimiento que han hecho las élites extractivas para continuar poniendo a cero las cuentas corrientes de los ciudadanos. Sin duda, una muy original idea orientada al perfeccionamiento eugenésico de la población activa dentro del paradigma neoliberal. Si visitan algunas de las bolsas privadas de empleo online especializadas en el mercado español, habrán observado que son frecuentes las páginas en donde autónomos y pymes deben pujar para conseguir los trabajos ofertados por los clientes. Estas pujas a golpe de clic son cada vez cinco euros más baratas, dejando el precio más rentable para el cliente particular, que aumenta su beneficio a través de la usura. Los usuarios no compiten por su formación o la calidad con la que puedan realizar el trabajo, sino por el dinero al que están dispuestos a renunciar a la hora de cobrar por su trabajo.

El tiempo vital de los seres humanos ha pasado de ser un bien preciado a una mercancía a explotar. No es muy diferente para quienes tienen la suerte de conservar un trabajo, casi siempre precario, en la mayoría de los casos la salud de un trabajador importa poco, hay tantos parados que si un trabajador no resiste una jornada laboral de nueve o diez horas diarias, la empresa vuelve a ofertar este puesto de trabajo, tiene donde elegir. Esta práctica empresarial está incorporada ya en la enseñanza concertada y privada de ciertos colegios e institutos de, al menos, la Comunidad de Madrid. Más flagrante, si cabe, resulta esta suerte de alienación en los casos donde, además, el trabajador debe llevarse trabajo a casa tras cumplir esas nueve o diez horas de jornada laboral y mantener el ritmo a base de ansiolíticos.

Otra baza neoliberal que juegan las empresas, con la connivencia del Estado, para poner bocabajo a los ciudadanos hasta que caiga el último céntimo de sus bolsillos son las ya abundantes casas de apuestas,

Las pensiones de jubilación y dependencia, la vivienda, la sanidad y la educación públicas de calidad son derechos, no regalías que surgen de la generosidad del gobierno de turno y eso, con la Constitución en la mano, es un dato, por lo que no voy a defenderlo como si fuera un argumento. Centrémonos en esta ocasión en el derecho al trabajo:

El artículo 35.1 de nuestro texto constitucional dice así: “Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo”.

Según esto, el derecho de todo español a acceder a un puesto de trabajo debería ser inviolable; sin embargo, este derecho (esta palabra es la clave) corre el riesgo de dejar de ser tal para convertirse en una inversión económica personal que el trabajador debe hacer previamente a poder ocupar un puesto laboral.

Autor: Marta Ávila